El Ayuntamiento de El Casar elabora un extenso documento sobre la situación de ocupación de viviendas y las medidas a llevar a cabo
Se elaboró tras una reunión mantenida, el pasado 26 de agosto, a las 11.00 horas en el Auditorio de El Casar, con el fin buscar soluciones a esta situación.
En la reunión estuvieron la alcaldesa de El Casar, María José Valle; el concejal de Seguridad, Javier Bule; la concejal de Bienestar Social, Olga Villanueva; el jefe de Policía Local y los presidentes de las urbanizaciones.
En declaraciones a LA PLAZA, la alcaldesa comentó: «Lo primero que expusimos fue qué ocurre cuando un ocupa entra en un domicilio, ya que este Ayuntamietno poco puede hacer al recoger la Constitución Española que cualquier domicilio es inviolable, por lo que ni la Policía puede entrar si no es con una orden judicial».
El Ayuntamiento estrechó la colaboración entre las comunidades de propietarios y las entidades urbanísticas para buscar posibles soluciones, -dentro de las competicias del Consistorio-.
«Una de las cosas de las que se habló es que cuando se ocupa una vivienda, no tiene abstenciemos agua potable. Sin embargo, el ocupa hace su propio enganche y el Ayuntamiento, en este punto y con un coste económico, ofrece apoyo al titular de la vivienda, así como a los vecinos, pues es una forma de disuadir al que ocupa», añade la alcaldesa.
Durante la reunión, también se habló de incrementar la vigilancia de la Policía, así como que se han apoyado las solicitudes de los presidentes de las urbanizaciones para llevar a cabo caceroladas.
Se contempló el poner bolardos en aquellas zonas sensibles con el fin de impedir el acceso.
«También vamos a pedir a la Subdelegación de Gobierno el poner cámaras de vigilancia en aquellas zonas más vulnerables, con el fin de tomar otra medida disuasoria más», añadió la alcaldesa.
El informe se centra en la «ocupación ilegal, no consentida ni tolerada, sin que sea un título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentre amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna, dado que es una competencia de los poderes públicos que deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho y, en ese marco, preocuparse de forma particular en aquellas personas en riesgo de exclusión social», dice este informe.
En el documento se habla de:
- Medidas preventivas.
- Medidas una vez producida la ocupación.
- Preguntas más frecuentes.
Aquí publicamos el documento íntegro:
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