Once Ayuntamientos de Guadalajara se unen para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas
Representantes de los Ayuntamientos de Cabanillas del Campo, El Casar, Quer, Alovera, Yebes, Pioz, Galápagos, Fontanar, Azuqueca, Yunquera y Horche han mantenido una primera reunión para diseñar estrategias conjuntas contra la ocupación de viviendas.
Y hacen un llamamiento a otros Ayuntamientos para que se unan a ellos.
Reunión mantenida de 11 consistorios en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
Alcaldes, alcaldesas y concejales de un total de once municipios de Guadalajara, -afectados en mayor o menor grado por problemas de ocupaciones ilegales de viviendas-, mantuvieron una reunión de trabajo, -el pasado 24 de junio-, en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.
La finalidad de esta primera reunión es la de abordar de forma conjunta una respuesta a la proliferación de “okupaciones” de inmuebles que se está produciendo en la comarca, y que se están dando esencialmente en viviendas vacías que son de entidades financieras, «pero cuyos bancos propietarios se han desentendido de ellas, y no colaboran en resolver los problemas de convivencia que se están generando», señalan fuentes del Ayuntamiento de Cabanillas.
Reunión convocada por Cabanillas de Campo y Horche
La reunión fue convocada por los Ayuntamientos de Horche y Cabanillas del Campo, quienes ya empezaron a trabajar conjuntamente en este problema hace unas semanas.
Durante esta reunión celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento cabanillero, cada representante municipal expuso cómo está la situación de estas ocupaciones en su localidad, así como los problemas que está generando, que en muchos casos son similares.
Grupos organizados que ocupan y venden su acceso
«En muchas ocasiones se trata de grupos organizados que descubren viviendas propiedad de bancos que se encuentran vacías (con frecuencia, promociones paradas y abandonadas, a veces casas embargadas), las ocupan, y luego hacen negocio comprando y vendiendo el acceso a la misma de familias con situaciones económicas muy complicadas o en exclusión social, casi siempre llegadas desde localidades de Madrid», apuntan estas mismas fuentes.
La llegada descontrolada de estos grupos está generando en muchos casos graves alteraciones de la convivencia vecinal en las zonas donde se asientan.
En esta primera toma de contacto, todos los Ayuntamientos han adquirido el compromiso de seguir trabajando en común buscando soluciones; presionando a las entidades financieras para que se impliquen en resolver el problema generado; y estableciendo reuniones periódicas con otras administraciones y estamentos que deben ayudar también con el problema.
Finalmente, se lanzó un llamamiento al resto de Consistorios de la provincia que quieran participar de esta nueva plataforma, con el fin de que se unan a las acciones que se diseñarán en los próximos meses.
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